Como sucedía hace más de una década, los taxistas paralizaron sus actividades o anunciaron un “paro total” y en cuestión de horas lograron que se les aceptaran todos sus pedidos.

Ellos buscan, sobre todo, una especie de congelamiento de la situación, tanto legal como en el servicio; es decir, que todo siga como hasta ahora, algo similar a lo que se daba hace más de una o dos décadas. Los usuarios, que a diario reclaman un mejor servicio y buscan o usan ya nuevas alternativas, deben seguir esperando los cambios.

En Esmeraldas, por casi 8 horas, los miembros de la Unión de Operadoras de Taxis paralizaron sus actividades y cerraron vías claves, el pasado jueves. En la tarde, la medida se levantó luego de que las autoridades del Municipio de Esmeraldas, que tiene la competencia en el manejo del tránsito, aceptaran suspender la creación de nuevas compañías y cupos para esta modalidad de transporte.

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Consiguieron además el compromiso de la Policía de hacer operativos conjuntos inmediatos contra los taxistas informales y que la Policía Judicial (PJ) entregue los partes de los automotores detenidos. Los integrantes de la Unión dicen que hay 2.400 taxistas afiliados y 2.000 informales.

La amenaza estuvo en Quito, el mismo jueves, de una paralización total para este viernes. Recién a la medianoche se suspendió la medida.

Ayer, Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transportes en taxis de Pichincha, siguió amenazando y no descartó medidas. Su postura es que el Concejo Metropolitano no asigne más de 8.693 cupos para cubrir la demanda.

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Aseguró que suspendieron el paro porque el Concejo canceló una sesión donde se iba a conocer el informe sobre los cupos para los taxistas. En tanto, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, lo atribuyó a que el Municipio y el Gobierno advirtieron con las sanciones que podrían aplicar.

Con respecto a la posibilidad de que plataformas como Uber y Cabify legalicen sus actividades, tema puesto en debate por Rodas, Brunis dijo que al funcionario le “falta asesoría”, pues está equivocado, ya que –mencionó– la única entidad autorizada a homologar las aplicaciones es la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

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El movimiento SUMA, al que pertenece Rodas, podría impulsar en la Asamblea Nacional cambios normativos para que esas plataformas se legalicen.

Sobre la posibilidad que tendrán los usuarios de quejarse por el servicio en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Brunis expresó que le preocupa la forma en la que se lo pueda utilizar, pues, a su criterio, el usuario exige al conductor que “rompa la ley”, al pedirle, por ejemplo, que rebase los límites de velocidad. (I)