La Ley de Protección de Datos Personales fue aprobada y registrada en mayo del 2021, pero el reglamento de la ley recién fue expedido este lunes 6 de noviembre, a través de un decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso a pocas semanas de terminar su mandato.

Esta ley, que tiene como objetivo garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos de los ciudadanos, ha sido manejada con “negligencia” e “irresponsabilidad”, de acuerdo a un especialista en el tema.

Diego Beltrán, abogado experto en derecho digital y protección de datos, lamenta que el reglamento se haya emitido dos años y medio después de que se aprobara la ley, pues las empresas y entidades públicas no han podido adaptarse a la normativa, lo que provoca que se sigan vulnerando los datos personales de la ciudadanía.

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La falta de protección de datos, según Beltrán, deriva en la seguridad personal, cuando estos datos son accedidos por agentes o actores criminales.

“Haber relegado la expedición de este reglamento me parece sumamente irresponsable y peor aún cuando consideramos que la autoridad que tiene que ser designada”, señaló Beltrán en una entrevista en el programa El Mono López, transmitido por Radio City (89.3FM en Guayaquil).

El pasado 13 de octubre, Lasso envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la terna para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Está conformada por Vianna Di María Maino Isaías, actual ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; Dennis Gustavo Marín Lavayen; y María Alexandra Maldonado Navarro.

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“Por lo general, el primer designado suele ser la persona más capaz, más formada. Lamentablemente, la ministra Maino no tiene las credenciales técnicas de experiencia y formación para ser designada como autoridad”, reprochó el especialista.

Beltrán se refirió a la intervención de Maino en un conversatorio con la Asociación de Bancos Privados del Ecuador: “Sus declaraciones fueron que la Ley es muy exigente y que por lo tanto no se van a aplicar las sanciones por su incumplimiento, lo cual es irresponsable”.

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“La norma es exigente, porque eso es lo que exige la protección de datos de carácter personal. El umbral de cumplimiento no puede ser excusa para que no se cumpla la norma”, aseguró el experto.

Las empresas y entidades públicas no se han preparado para aplicar la ley

En el espacio radial, Beltrán recordó que la norma obliga a tanto los entes públicos y privados a cumplir la ley, pero que por parte del Estado y las instituciones públicas no ha habido cumplimiento.

“Peor aún cuando se toma en cuenta que los dos aspectos más importantes después de la norma: reglamento y designación de la autoridad, han sido relegados, postergados y diferidos por parte del gobierno”, denunció el especialista.

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Criticó que mientras se demoraban en emitir el reglamento, las empresas y entidades públicas seguían excusándose para no adaptarse a la protección de datos personales.

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“En este momento, empresas y entidades públicas, tienen que alinearse completamente con la norma: dejar de escuchar rumores, excusarse en ausencia de autoridad y adaptarse a la normativa”, afirmó Beltrán.

También destacó el rol que tendrá el gobierno entrante del presidente electo, Daniel Noboa, en el tratamiento de la Ley de Protección de Datos. Indicó que deberá tener una opinión sobre la autoridad que finalmente se elija para liderar la Superintendencia, además de trabajar de forma conjunta con el sector público para que se cumpla la ley.

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Mientras tanto, recalcó la importancia de exigir a las empresas “que empiecen a respetar nuestros derechos, y que se dejen de tratar a nuestros datos de una manera tan ligera”.

“Si llegamos a tener alguna consecuencia de índole personal, por efecto de una filtración de datos de carácter personal, las consecuencias van a ser nefastas”, razonó el especialista. (I)