La llamada de la 01:21 del 8 de octubre de 2019 es la hora y la fecha que marcó a Anabel Campos, madre de Valeria Vargas, a quien le quitó la vida su pareja, Jean Galarza (tiene alerta roja de Interpol), junto con otros cómplices, según relata con nombre y apellido la mujer que sigue el caso en los tribunales de justicia.

A los 19 años, Valeria ya era la esposa de Jean Galarza y viajó a España. Allá nació su hijo. Al inicio era una convivencia normal, cuenta Anabel, quien se mantenía en comunicación con su hija. Después fue maltratada de manera verbal y física.

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“Valeria me dijo que se estaba portando violento, que todo le molestaba, quería que ella sea la esclava. Cuando se fueron a Holanda le había pegado y le dije: ‘Mijita, no aguante golpe de ningún hombre’ y me dijo que se iba a separar”, relata su madre.

Sabía que viajaban en octubre para estar 25 días en Guayaquil. Anabel desconocía en qué aerolínea venía, fecha y hora. Lo único que le dijo el asesino de su hija fue: “Es una gran sorpresa”.

Dos días antes del femicidio, Anabel conversó con su hija Valeria y esta le pidió que cuidara a su pequeño, en caso de ocurrirle algo. “Le digo estás loca, por qué me dices eso”: y así fue esa última conversación.

Anabel Campos estaba feliz porque conocería a su nieto por primera vez, que en ese entonces tenía 5 años y volvería a abrazar a su hija, que murió a los 24 años.

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Valeria Vargas, un caso de femicidio, que aún no se cierra completamente. Foto: Cortesía Anabel Campos.

En la madrugada del 8 de octubre la llamó Jean Galarza diciendo que estaban en el país y que los habían asaltado y que a Valeria se la habían llevado. Anabel, desesperada le dijo que le devuelva a su hija, lo insultó y el hombre cerró la llamada.

A las 10:00 se confirmó que fue asesinada. Encontraron el cuerpo en la Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil. Fue degollada y apuñalada.

El caso al inicio lo trataban como un secuestro, pero con los meses se determinó que Jean Galarza fue el mentalizador del crimen. Él fingió un asalto, secuestro y hasta puso la denuncia. Todo eso lo hizo frente a su hijo.

Otro de los elementos importantes para determinar la culpabilidad fue la versión del menor en la cámara de Gesell (habitación condicionada para permitir la observación con personas) y la triangulación de llamadas. El niño llevó a intuir que su madre fue maltratada. “La quiso ahorcar porque el niño lo hizo con los muñecos”, cuenta Anabel.

Este caso aún no se cierra. Existe una sentencia de 22 años para el taxista que participó; 11 años para otro cómplice, que fue asesinado en la Perimetral; la tía de Jean Galarza logró medidas sustitutivas de una sentencia de 22 años y huyó del país. Y Galarza también se fugó, pero en junio de 2023 fue capturado en Alemania. Hasta ahora no se lo extradita porque el país europeo pidió garantías, según Anabel, quien espera que ya pueda ser sentenciado en Ecuador.

“No se lo puede traer. En esto no hay rapidez, pero si fuera el caso Metástasis los traen, pero como es un asesino de una mujer le dan caso omiso”, reprocha la madre de Valeria, quien asegura que no se imaginó volver a ser madre.

Afirma que es duro vivir con el dolor y criar a su nieto, quien aún tiene pesadillas y sufre de bullying porque es señalado como un menor sin madre y padre: “En la escuela dijo ‘Papá mató a mamá' y las profesoras lo que hicieron fue retarlo. No hay empatía. Le dicen (otros niños) que ella no es su madre sino su abuela”.

Anabel espera que el culpable cumpla su sentencia y lucha con otras madres, a quienes también le arrebataron la vida de sus hijas.

El 10 de agosto de 2014 se tipificó el femicidio en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en este 2024 se cumplirán diez años. “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”, dice el artículo, con el cual ha habido 41 casos que han llegado a la etapa de juicio y 217 están en investigación previa, según la Fiscalía General del Estado (FGE).

En esta casi década se han registrado 735 noticias del delito de femicidio, de acuerdo con la Fiscalía, el mayor repunte en 2023 con 105.

Sin embargo, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) maneja otras cifras. Contabilizan 1.735 casos en total entre 2014 y 2024. Solo de enero del presente año al 14 de febrero registran 30 casos; en 2023 fueron 323 y en 2022, 332. Con esto se determina que cada 27 horas ocurre un femicidio.

“La violencia está enquistada y el femicidio es una escalada mortal de la violencia, pero hay mucho por hacer, se puede prevenir si se aplica adecuadamente una política de prevención de la violencia, pero no se invierte en prevención”, sostiene Geraldine Guerra, de la Red Nacional de Casas de Acogida para las Víctimas de Violencia.

Guerra hace un llamado a la Asamblea Nacional a “apurar” el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y Demás Familiares de Víctimas de Femicidio.

Esa propuesta fue presentada, en 2022, por la legisladora Dallyana Passalaigue. Lo tramitaron en primer debate en marzo de 2023. Ahora la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el cronograma general para el tratamiento del proyecto.

¿Cómo se tipificaba antes?

El abogado y parte del equipo de Incidencia Política de Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer), Jonathan Cardozo, señala que antes Ecuador no tenía un sistema jurídico penal que identificara o estableciera estadísticas acerca de la violencia contra la mujer, en específico como femicidio.

“Anteriormente sí existieron algunas investigaciones realizadas en donde se dio a notar que los homicidios, que en ese momento se le denominaban así, hacia las mujeres eran más por causa de su género y provenían de la pareja”, menciona Cardozo.

Entonces, antes este delito era asesinato u homicidio. Y ahora, luego de casi diez años, Cardozo cuestiona que no hay los suficientes esfuerzos para trabajar en prevención como la reducción del presupuesto para combatir la violencia de género.

En la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para el ejercicio fiscal 2024-2025, presentada en febrero por el presidente Daniel Noboa, el monto asignado al Ministerio de la Mujer pasó de $ 17′220.490,11 a $ 13′228.756,45, lo que representa una disminución del 23 %.

“De los diez años hasta acá para nosotros el beneficio por el tema de la ley, pero de ahí en el contexto de justicia social, de derechos de reconocimiento o la reparación integral como tal no, no hay absolutamente nada”, asegura Rosandi López, abogada y máster en Intervención Interdisciplinaria a Víctimas de Violencia de Género.

Ella explica que un juez tiene la obligación de reparar el daño causado a través de una compensación económica, pero indica que no funciona. Por ejemplo, Anabel Campos, madre de la víctima, debió recibir una reparación por $ 10.000 y dice que nunca hubo. Y la atención psicológica para ella la recibe a través de la Fiscalía y para el niño es particular. (I)

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