Este viernes el presidente de Chile, Gabriel Boric, rindió un homenaje a los activistas que luchan contra los efectos negativos de la emergencia climática y en favor de los derechos medioambientales y urgió al congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú para garantizar su seguridad y la mejor aplicación de políticas ecológicas.

En un discurso previo a la firma del citado Acuerdo, del que Chile fue impulsor pero que había sido dejado en un cajón por su predecesor, Sebastián Piñera, el mandatario demandó un esfuerzo conjunto y "más participación pública, más transparencia, más acceso a la información, más justicia, más seguridad".

"Tengo súper claro que esto ha sido un anhelo de hace mucho rato por el cual muchos de ustedes han trabajado. Durante casi todas las giras durante la campaña nos encontrábamos con activistas, con defensores y defensoras de los derechos medioambientales, generalmente mujeres, que nos instaban a firmar el acuerdo de Escazú", afirmó.

Publicidad

"Es importante su energía, que han asumido la tarea de recordarnos lo importante de este acuerdo para la protección de los derechos humanos y el medioambiente y además desde América Latina y el Caribe estamos hablando al mundo. Ustedes, luchadores y luchadoras por el medioambiente, luchadores y luchadoras por la vida, nos han enseñado a perseverar", agregó.

En este sentido, alabó el trabajo de activistas como Macarena Valdés, muerta en circunstancias aún no aclaradas tras luchar contra la instalación de una central eléctrica en el río Tranguil; Nicolasa Quintreman, defensora mapuche igualmente muerta en extrañas circunstancias, y la también mapuche Orieta Llauca, presente en la sala.

“Quiero destacar que este acuerdo ha sido impulsado principalmente por mujeres que a lo largo y ancho de América Latina han ejercido el liderazgo. Sabemos que son innumerables las líderes indígenas, profesionales, funcionarias, autoridades de cada uno de los estados parte, quienes han hecho posible que este primer acuerdo regional ambiental de América Latina lo estemos firmando”, señaló el mandatario.

Publicidad

"Este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto a la protección de los y las defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en una región en la que esta lucha ya ha costado demasiadas vidas y no podemos permitir que se nos vaya ni una más", resaltó.

Boric insistió en que la firma supone el cumplimiento de una de las promesas hechas en campaña y pidió al congreso y al senado que aceleren los trámites para que su entrada en vigor sea una realidad temprana.

Publicidad

El presidente de Chile, Gabriel Boric (c), la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola (i), y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, participan en el acto oficial de firma del Acuerdo de Escazú hoy, en el Palacio de La Moneda, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés Foto: Alberto Valdés

“Recuerdo que dijimos la primera semana vamos a firmar el Acuerdo de Escazú y hoy día estamos firmando y cumpliendo este compromiso”, sostuvo el mandatario.

"Este es el primer proyecto que vamos a llevar al congreso y esto es relevante no solo porque somos un Gobierno que cumple con sus compromisos, sino porque da cuenta del sentido de urgencia con el que entendemos la crisis climática y la protección de los derechos humanos de aquellos y aquellas que defienden nuestro entorno, nuestro hogar, nuestros ríos, nuestras costas y nuestros bosques", afirmó.

"Hoy enmendamos el rumbo e invitamos al Congreso y a sus representantes a que en sus diferentes cámaras se la jueguen para que movamos esto con rapidez porque la vida no puede esperar", agregó, antes de invitar a todos los ciudadanos a sumarse a la tarea.

"Tenemos el desafío de construir juntos un nuevo modelo de desarrollo que nos permita vivir en un ambiente sano, desarrollarnos de forma sustentable, conservar nuestra biodiversidad, frenar la degradación de las tierras, adaptarnos al cambio climático y construir un país en el cual nuestros niños y niñas puedan crecer seguros y felices", apostilló.

Publicidad

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática. (I)