¿Qué pasa con las personas inimputables en casos judiciales por tener trastornos mentales en Guayaquil?

El campo de los inimputables siempre ha existido, desde la antigua Roma había personas que cometían delitos, incluso daban muerte a otros, y no eran imputados o acusados, pues para que alguien sea sometido a un juicio debe ser consciente de lo que hizo.

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Esta exclusión de la culpabilidad del sujeto sigue presente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por problemas mentales o por edad, y en el primer caso ahora existe la medida de seguridad, es decir, el tratamiento psiquiátrico en un hospital, lo que en al antigua Roma no había.

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“Antes los dejaban libres y podían seguir agrediendo a alguien. Ahora son enviados a tratamiento”, cuenta Carlos Orellana Román, quien dirige actualmente el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Él es psiquiatra y psicólogo clínico, tiene 40 años de experiencia y hasta el 2014 fue perito acreditado por la Judicatura y hacía los análisis que requerían los jueces para declarar a un persona inimputable.

Hoy Orellana detalla que al hospital de la institución que dirige, antes conocido como Lorenzo Ponce, han trasladado en los últimos 10 años a un total de 237 pacientes judiciales. Así llaman a quienes llegan por orden de un juez y permanecen en promedio unos 5 años internados.

“Hay filicidas, parricidas, fratricidas y demás. Normalmente agreden a personas cercanas, pero esto se da porque no son tratados. Con el tratamiento adecuado se hubiera evitado el 90 % de esos casos”, dice Orellana.

Él indica que para que un paciente llegue al psiquiátrico debe haber sido evaluado pericialmente, diagnosticado y declarado por el juez un inimputable.

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“No es el médico ni el psiquiatra, solo el juez puede declarar a la persona inimputable y además es el único que luego puede ordenar su salida”, afirma el director, que detalla que la mayoría son personas esquizofrénicas o con trastorno psicótico, pero aclara que tener el diagnóstico no es suficiente para ser exculpado porque puede ser que el paciente aproveche el diagnóstico y, siendo consciente, cometa el crimen.

Además, el profesional sostiene que no todos los pacientes judiciales llegan al hospital cuando requieren el tratamiento, es decir, cuando tuvieron la crisis que detonó el delito o crimen, sino que el traslado se da meses o hasta años después porque los procesos judiciales son lentos.

En ese sentido, el psiquiatra indica que cuando se evalúa a un paciente judicial recién llegado y se identifica que ya no tiene síntomas para estar internado, muchas veces el Ministerio de Salud Pública, la entidad que debería asumir el costo por la hospitalización, no paga por el tratamiento.

“Yo no lo puedo mandar a su casa con un tratamiento ambulatorio porque por no respetar la orden del juez me pueden meter preso y por eso a la Junta de Beneficencia le toca asumir el costo de su hospitalización”, dice Orellana.

El director del hospital psiquiátrico se queja también porque cuando se trata de dar el alta a un paciente que ya ha recibido tratamiento y que está controlada su enfermedad, toma hasta años que el juez firme su salida y lo compara con la emisión descontrolada de habeas corpus para liberar a peligrosos delincuentes que se han dado en los últimos años.

Destaca el caso de un paciente al que llamaremos Andrés y quien a los 25 años llegó al hospital psiquiátrico luego que en medio de un brote psicótico agredió a dos personas tras un accidente de tránsito en Guayas.

Dudas por sentencias a enfermos mentales

“Pasó cinco años en el hospital porque el juez no le quería firmar su salida, pese a que ya estaba bien. Parece que su abogado por bien hacer pidió que lo evaluaran y que determinara su inimputabilidad, pero luego Andrés me decía que le hubiera salido mejor declararse culpable y pasar seis meses en la Penitenciaría”, refiere el psiquiatra.

El doctor Orellana aclara que no todos los que han llegado al hospital que él dirige son enfermos mentales, revela que hay también algunos “simuladores”.

Recuerda el caso más grave, un paciente que llegó un sábado en la noche “entre gallos y medianoche” y que horas después agredió salvajemente a un enfermero y escapó. El enfermero estuvo un mes hospitalizado y luego el director supo que el “supuesto paciente judicial” había sido trasladado desde la Penitenciaría.

Orellana dice estar seguro de que no tenía ningún trastorno mental. (I)