Una mujer alertó a la Policía, en octubre de 2011, de que Daniel Humberto M. A., alias el Ingeniero, integraba una banda delictiva con Wilder S. F, alias Gato Farfán, y Telmo Castro (+), alias el Capi, para instalar laboratorios de droga en Ecuador, en localidades como Bucay, Santo Domingo, Infiernillos, Loja y Pallatanga.

Las investigaciones y allanamientos se iniciaron como parte del caso Tormenta del Sur. Uno de los centros de acopio estaba en Loja, desde donde se movilizaba la sustancia ilícita hasta Guayaquil y Quito, con el objetivo de “acondicionarla” y enviarla al exterior por vía aérea y marítima, según informes policiales.

Daniel Humberto M. A., oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas, tenía 25 años cuando fue vinculado en ese proceso judicial por tráfico de drogas, en el que también se menciona a uno de sus hermanos. En su casa se encontró una prensa metálica tipo hidráulica y una pistola de calibre 6,35 mm con siete cartuchos guardada en una caja fuerte.

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La Policía siguió a los hermanos en Pindal (Loja) y hasta una finca en Infiernillos (Loja), en donde hallaron sustancias químicas para la conversión de alcaloides y unos 115 kilos de cocaína. “Jamás se los encontró extrayendo, purificando, sintetizando”, dijo el abogado defensor de los hermanos en la causa, en la que su inocencia fue ratificada en 2015.

Esto pese a que Daniel Humberto M. A. ya estaba —desde el 2011— en el radar policial de Ecuador, Colombia y Perú, luego de que identificaron su presunta participación en el envío de seis kilos de cocaína por el aeropuerto de Guayaquil.

El nombre de Daniel Humberto M. A. figura desde este viernes, 19 de abril, como uno de los cinco objetivos militares, de segundo nivel, identificados por el Gobierno nacional. En ese grupo también se encuentra Walter Homero C. B., alias Cabezas; Enrique Antonio P. C., alias Chugo Porto; y dos hombres más con los alias Orejas y Marcus.

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En este listado, publicado por la Presidencia, también constan como cabecillas de primer nivel Ismael Mario Z. G., alias Mayo, y Geovanny Andrés R., alias Araña; y cuatro jefes de bandas locales como “terroristas” de tercer nivel: entre ellos están José Adolfo M. V., alias Fito; los hermanos Israel y Benjamín C. P., alias Trompudo y Ben 10; y Ronal A. B., alias Ronald.

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En total, el Ingeniero registra siete procesos judiciales en su contra, entre ellos cuatro por tráfico de droga, dos por accidentes de tránsito y uno por alimentos. El primer caso data del año 2008, cuando fue declarado culpable de una contravención de tránsito grave por desobedecer órdenes del agente y/o señales de tránsito, infracción por la que le impusieron multa del 30 % del salario básico y la reducción de seis puntos en su licencia de conducir.

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En otro proceso por tráfico de droga fue sobreseído en 2012, año en el que la Policía también encontró depósitos bancarios a su nombre en la oficina del exgobernador de Manabí César Fernández, quien entonces estaba ligado a una organización que presuntamente camuflaba droga en carga de exportación.

En 2014 nuevamente fue capturado por el mismo delito de tráfico de droga cuando se movilizaba en uno de los dos autos que custodiaban un camión con 1.510 paquetes de cocaína camuflados en 255 sacos de yute, en la ruta Quevedo-Babahoyo.

“No se me encontró transportando, vendiendo, ni droga en mi poder, ni en el vehículo que yo viajaba”, declaró el Ingeniero. Mientras que su abogado alegó que “jamás se le encontró droga, comercializando, exportando o entregando droga; fue secuestrado por la policía (...). Es inocente. Pido que sea absuelto y se confirme su estado de inocencia y, en caso de no ser así, sería cómplice”.

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Por este caso lo sentenciaron a cinco años de reclusión y luego, en la etapa de apelación, aumentaron su pena a trece años de reclusión por tráfico a gran escala. No obstante, el procesado interpuso recurso de casación y la Corte Nacional de Justicia declaró la nulidad de lo actuado durante el proceso, porque el tribunal habría actuado sin competencia. Se dispuso que se realice una nueva audiencia de apelación, en la que —en septiembre de 2016— se ratificó la primera sentencia de cinco años de privación de libertad.

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Esta condena la cumplió parcialmente, solo tres años, entre 2014 y 2017, en el centro carcelario de Loja. En 2017 recuperó su libertad a través de un beneficio penitenciario que le dio la opción de cambiar la prisión por presentaciones semanales (los fines de semana) y prohibición de salida del país.

Daniel Humberto, considerado “buen vecino” por uno de sus testigos, supuestamente se dedicaba al comercio y a la compra de vehículos chocados, según los procesos judiciales. También tuvo una panadería y se dedicaba al criadero de pollos en Santo Domingo de los Tsáchilas desde 2011, de acuerdo al RUC que fue actualizado hace apenas quince días, el 4 de abril del 2024.

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Dos años antes, en 2022, Daniel Humberto M. A. fue socio y gerente de la inmobiliaria Land Store-Ec S. A. S., domiciliada en Santo Domingo y con un capital de $ 500. Pero esta empresa, según un informe de la compañía, no tuvo actividad económica y un año después, en diciembre del 2023, la Superintendencia de Compañías aprobó la disolución voluntaria y anticipada que había solicitado meses antes.

Hoy este abogado, de 38 años, nuevamente está en la mira de la Policía por una nueva investigación relacionada al caso Jaguar, en el que diez policías fueron parte de los catorce detenidos por su presunta vinculación con una organización narcodelictiva, el 18 de abril de este 2024.

Ese día, el comandante de Policía de la Zona 8, Víctor Herrera, señaló que este caso se desprende de la incautación de tres toneladas de droga que realizó la Policía en 2023 y que pertenecerían a Wilmer S., alias Gato Farfán, ligado al cartel de Sinaloa.

Esa organización, detalló Herrera, está relacionada con otra red internacional dedicada al tráfico de droga, que opera en Santo Domingo y que estaría encabezada por Daniel M. A. “Tienen por objetivos reclutar a policías en servicio pasivo y activo que trabajen en unidades especializadas y se encargan de cumplir diferentes roles”, expuso el directivo policial. (I)