El escenario de la segunda vuelta electoral transcurre con el telón de fondo de la mayor crisis multidimensional de la historia contemporánea. La situación está muy guarda abajo respecto al estado de la transición política de 2021. La mesa no está servida sino caída y el que venga tendrá que hacer un esfuerzo sobrehumano por arreglarla.

Lo peor es la violencia criminal que se ha apoderado de todos los espacios de convivencia ciudadana, amenazando no solo la seguridad, sino la vida de familias decentes y honradas que viven de su trabajo esforzado.

El Estado ecuatoriano ha resignado el monopolio del uso de la fuerza, una garantía básica del orden jurídico, para compartirlo con el crimen organizado internacional, junto con sus apéndices de las bandas adueñadas de las cárceles ecuatorianas, que han logrado contaminar con éxito la base misma de la sociedad y sus estamentos fundamentales como la fuerza pública y la justicia, llamados a protegerla.

La Constitución de Montecristi con su enfoque garantista “progre” ha permitido que jueces de pacotilla, frecuentemente de apartadas localidades, dispensen con profusión medidas cautelares y recursos de amparo en beneficio de narcotraficantes, delincuentes y además corruptos, que a pesar de ser detenidos in fraganti de la noche a la mañana recuperan su libertad. Así, se viene oleando y sacramentando una impunidad sórdida del crimen sin castigo.

La institucionalidad heredada del correísmo está carcomiendo el cuerpo social que se encuentra enfermo y desfalleciente, casi en estado de agonía. Uno de los mayores errores del Gobierno cesante, que se desvanece sin pena ni gloria, fue no obrar a tiempo para desmontar ese legado del socialismo del siglo XXI que se ha encargado de consumir lo poco de decoro y dignidad que le va quedando al país. Pudo hacerlo mediante una consulta popular que se hizo a la postre de forma tardía y con contenidos poco trascendentes.

Uno de los mayores errores del Gobierno cesante, que se desvanece... fue no obrar a tiempo...

Entretanto, ese mamotreto que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, maniobra a control remoto pretendiendo volver a cooptar instancias del poder público que han logrado recuperar cierto grado de independencia. A más alto nivel un correlato de los mismos tinterillos que otorgan impunidad. Además, esta crítica alcanza al Consejo Nacional de la Judicatura, CNS, cuyo titular, que por momentos parece falto de cordura, sabe muy bien por dónde encaminar un renovado proceso de politización de la justicia.

Completando estos contratiempos, se encuentra una alicaída economía que tiende a golpear a los más pobres. La promesa de una potente reactivación después de la pandemia quedó como uno de tantos ofrecimientos incumplidos. La ejecución de obra pública ha sido muy modesta, por falta de presupuesto y a la vez de gestión administrativa. El indicador de disminución del desempleo enmascara la realidad de los migrantes que abandonan el país por la falta de oportunidades.

Las dos opciones electorales plantean la vuelta al pasado o la apuesta por el cambio, algo distinto al correísmo que tampoco sea la parálisis de un Gobierno que ha pecado de inoperante en muchos ámbitos. Sin duda, desbordado, más allá de su buena voluntad, por la crisis multidimensional. (O)