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Vivimos en un nuevo país, vivimos en un nuevo Ecuador, que se levantará aunque no será fácil, pero eventualmente será posible.
El proyecto de ley ya lo envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, tras la aprobación de la pregunta H en la consulta popular.
Según las conversaciones políticas el interés de Henry Kronfle es convocar para el martes próximo a sesión plenaria para nombrar a los comisionados.
Son más de diez causales presentadas al Legislativo para el tratamiento de un juicio político a la fiscal.
En el evento Economía y Finanzas en acción, que se realizó en Guayaquil, se realizó un análisis a la situación del país.
Una de las causales de este segundo proceso es la supuesta inacción de Diana Salazar en un caso contra el jurista guayaquileño.
Este lunes la fiscal asistió a una comparecencia en la Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre, para hablar de dos casos.
El Consejo de Administración Legislativa será el órgano que conocerá la queja presentada por Gissella Molina en contra de Pamela Aguirre.
La Asamblea Nacional tiene 60 días para tratar los proyectos enviados por el Gobierno tras su victoria en la consulta popular.
Con ocho votos la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea aprobó una moción que advierte con iniciar la interpelación si no remiten la información.
En contra de la autoridad hay un pedido de juicio político que ya empezará a tramitarse en pocas semanas; y otro que recién se entabló el pasado 14 de mayo.
Su esposa, Priscilla Schettini, convocó a un plantón en los alrededores de la cárcel 4 de Quito para recibir a la exautoridad.
El Ejecutivo debe cumplir con el mandato popular de la pregunta G, en la que ganó el sí el 21 abril. Diez delitos tipificados en el COIP tendrán nuevas penas.
Una de las acusaciones contra la autoridad es encubrir posibles casos de lavado de activos. La Fiscalía respondió que los argumentos no tienen sustento.
La propuesta es parte de las reformas a la ley de la Función Legislativa.
El lunes la Fiscalía dio 48 horas a la Comisión de Fiscalización y rechazó que se haya permitido la conexión del exlegislador durante su comparecencia.
Determinar si Pamela Aguirre rebasó los límites de sus funciones y competencias corresponde a la Asamblea Nacional.
Los bloques de la Revolución Ciudadana y Construye se oponen a la integración de una comisión ocasional multipartidista para que tramite los proyectos.
Lo grave del tema es haber suspendido la comparecencia de la máxima autoridad, la fiscal general Diana Salazar, para recibir a un prófugo que es investigado.
El mismo sondeo evaluó la valoración de la imagen del presidente Daniel Noboa y la ubica en el 59,3 %.