El correísmo, socialcristianos y el sector del Gobierno, este 17 de mayo, alinearon sus posiciones en el Consejo de Administración Legislativo (CAL) y licuaron tres decisiones claves que definen el camino a seguir de la Asamblea Nacional en el trámite de los proyectos sobre los resultados de la consulta popular, el juzgamiento de la asambleísta Pamela Aguirre (RC) y la suspensión del juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

En la sesión n.º 36 del Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano de gobierno de la Asamblea Nacional, se plantearon dos cambios en el orden del día y sus decisiones estaban atadas unas de otras para que sus resultados fluyeran.

Un ‘canje legislativo’ se estaría fraguando para conformar comisión ocasional que tramite las reformas de la consulta popular a cambio de bajarle el tono a las sanciones contra la asambleísta Pamela Aguirre

Las negociaciones políticas entre los coordinadores de bancadas con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, permitieron reunir en la misma sesión tres decisiones: la primera fue el pedido de los socialcristianos, Henry Kronfle y Jorge Acaiturri-Villa, de aceptar la petición de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de suspender el inicio del juicio político presentado en su contra, por tener un embarazo de alto riesgo. En esta decisión las dos delegadas de la Revolución Ciudadana (RC) se abstuvieron.

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La suspensión del inicio del juicio político en contra de Salazar no tiene fecha límite, pero la resolución pasará a conocimiento de la Comisión de Fiscalización del Parlamento una vez que concluya el trámite del juicio político al exministro del Interior Juan Zapata, sobre quien al momento se procesa un pedido de interpelación.

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La segunda decisión fue planteada por los correístas. La asambleísta Esther Cuesta (RC) propuso el cambio en el orden del día para que se conozca el caso de su coidearia Pamela Aguirre, cuestionada por la mayoría de los legisladores por lo sucedido el 13 de mayo pasado en la Comisión de Fiscalización que ella preside.

Se pedía una sanción por haber suspendido la sesión donde comparecía la fiscal general Salazar, sobre los casos León de Troya y La Madrina, para recibir en comisión general a Ronny Aleaga, exlegislador RC, procesado en el caso Metástasis. Los siete miembros del CAL terminaron archivando la queja presentada por la legisladora Gissella Molina (Gente Buena) en contra de Aguirre, por haber cometido una falta grave al hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea e incumplir los procedimientos legislativos.

Una vez archivada la queja contra Pamela Aguirre, fluyó el tercer tema del acuerdo y por unanimidad se aprobó la creación de una comisión ocasional conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 14 de la ley orgánica de la Función Legislativa, para dar trámite a los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo en cumplimiento de los resultados de las preguntas de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024.

La resolución del Consejo de Administración Legislativa tendrá que ser conocida por el pleno de la Asamblea Nacional, para ello, el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, aspira a convocar a una sesión plenaria para el martes 21 de mayo, tomando en cuenta que los días miércoles y jueves el edificio del Parlamento será cerrado para el acomodamiento de la ceremonia de Informe a la Nación del presidente de la República, Daniel Noboa, prevista para el viernes 24 de mayo.

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Hasta el martes, día de la reunión plenaria, cada bancada legislativa tendrá que ratificar el nombre de su delegado ante la comisión ocasional multipartidista que se creará exclusivamente para procesar las cinco iniciativas del Ejecutivo que contienen cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Las reformas al COIP, planteadas a la Asamblea Nacional, se refieren al incremento de penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.

También se refieren al cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles; establecer como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas del orden; y destinar las armas, explosivos y otros usados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las conversaciones políticas entre las bancadas, los legisladores que integrarían la comisión serían los siguientes: Carlos Vera Mora (PSC), Valentina Centeno (ADN), Lucía Posso (Independientes-ADN), Franklin Samaniego (RC) y Alexandra Castillo, del movimiento Construye. Estos nombres deberán ser ratificados por cada organización política hasta el martes.

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El coordinador de la bancada del PSC, Vicente Taiano, confirmó la postulación de Carlos Vera Mora para integrar la comisión ocasional para tramitar los proyectos sobre la consulta popular. Comentó que el pleno de la Asamblea Nacional debería establecer los tiempos en los cuales debe desarrollarse el trabajo y que la comisión tiene que dar representatividad a todas las bancadas.

Los comisionados, añadió Taiano, deben entender que no se puede desconocer ni se puede desapegar el mandato ciudadano del texto que se vaya a aprobar. La Asamblea tiene capacidad para discutir, para procesar, para mejorar inclusive, pero nunca puede contravenir el mandato ciudadano, dijo. “Por ejemplo, se debe legislar sobre el aumento de penas, pero obviamente hay que hacerlo acorde a la técnica, a la dosimetría, que es la ciencia especializada en este tema, pero nunca reducir penas”.

Según la coordinadora de la bancada de ADN, Valentina Centeno, la idea es que la comisión ocasional multipartidista evite el manoseo y manipulación de los textos presentados por el Ejecutivo y aprobarlos antes de los 30 días, aunque lo resuelto en las urnas determina como plazo 60 días. (I)