Oficialismo enfrenta el dilema de incluir propuestas de bancadas de mayoría para no subir el IVA o no tener votos para aprobar su ley urgente

El proyecto económico urgente que incrementa el impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos -del 12 % al 15 %- de forma combinada, temporal y permanente para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis económica avanza a su segundo debate con incertidumbre respecto a las posiciones de las bancadas de la Asamblea Nacional.

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La Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento debe preparar el informe para segundo y definitivo debate del pleno del articulado propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa, para captar recursos y financiar el conflicto armado interno por los hechos violentos atribuidos a 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) considerados como terrorismo.

El objetivo central es incrementar el IVA del 12 % al 13 % de forma permanente y dos puntos adicionales, al 15 % por dos años, para lo que resta del 2024, del 2025 y 2026.

El sábado, 27 de enero, se produjo el primer debate, en el que la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, de la bancada oficialista ADN, dijo haber acogido propuestas de los legisladores para flexibilizar la norma.

Sin embargo, tras 18 intervenciones de los asambleístas, pocos fueron los que expresaron el respaldo.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), manifestó que su bancada definitivamente no apoyará subir el impuesto porque afectará a los sectores populares y porque no se ha presentado un plan concreto de a dónde irán esos dineros.

«No estamos de acuerdo con el incremento del IVA, es un impuesto regresivo y se puede utilizar para cualquier cosa. Nuestra posición ha sido que se tome otro tipo de medidas», expresó en una entrevista en la estación televisiva Teleamazonas, este 29 de enero.

Explicó que la Comisión de Desarrollo Económico tendría como plazo hasta el jueves para aprobar el informe final, para luego distribuirlo a los 137 legisladores y que se discuta, probablemente, el próximo lunes.

El legislador reiteró que su bloque presentó un informe de minoría que incluye postulados como gravar el 3,5 % a las utilidades de las sociedades domiciliadas en el Ecuador, excepto las pequeñas empresas y microempresas, lo que generaría un ingreso de $ 1.400 millones.

Además de otras opciones como la focalización inteligente de los subsidios a los combustibles; estudiar la reestructuración de los contratos ocasionales en el sector público en donde «existe piponazgo» y en los que no se requiere de pagar indemnizaciones; y, refinanciar la deuda externa.

«Las reformas tributarias sin una restructuración del Estado no funcionan», puntualizó Kronfle y aclaró que si bien la Constitución dispone que la reserva de ley en materia tributaria es de iniciativa de la Presidencia de la República, cuando entra en debate de la Asamblea puede haber modificaciones.

Indicó que en anteriores periodos legislativos se han hecho cambios tributarios, sin que haya existido una determinación de inconstitucionalidad por la Corte Constitucional (CC). «Los hechos dan cuenta de que sí se puede hacer», argumentó.

Entre el PSC y la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC) son 69 votos; más cinco de las legisladoras de Pachakutik, que manifestaron estar en contra de los tributos, sumarían 74 voluntades en contra de la propuesta presidencial.

«Estamos en contra de alzar el IVA porque significa quitarle el dinero a los que menos tienen», enfatizó este lunes la asambleísta Esther Cuesta (RC) y aspiró a que la comisión o el pleno, de ser el caso, acojan el informe de minoría planteado por su bloque, cuyo eje principal es «aumentar los impuestos, a la banca, a las grandes empresas y a la salida de divisas».

En otros legisladores los discursos son vacilantes. Por ejemplo, el asambleísta César Umajinga (SUMA) consideró necesaria la creación de un fideicomiso para que los recursos que se obtengan del IVA vayan hacia allá.

No dijo estar en contra del incremento, pero que no sean progresivos. «La alternativa es que no sea progresivo. Si no se va a hacer progresivo, debe darse el alza».

Es decir, el aumento del 3 % que propone el Ejecutivo se deje sin efecto en uno o dos años. «Hasta que podamos calmar el tema de la guerra interna. De ahí tiene que volver al 12 %».

Desde el movimiento Construye, el asambleísta Jorge Peñafiel opinó que están «abiertos a apoyar el financiamiento a la economía», con la condición de contar con cuentas claras.

Peñafiel duda de que los recursos que se obtengan de los tributos sean solo para financiar la guerra contra el narcotráfico, «eso no es cierto».

«También se trata de estabilizar la economía y por eso queremos que se diga la verdad, se establezcan los parámetros, se transparenten las cuentas, el programa económico y las condiciones en las que se encuentra. El presidente debe asegurar el apoyo de sus aliados en la Asamblea y no lo está asegurando, precisamente porque el PSC y la RC han presentado informes de minoría. Por lo que primero debe llegar a ese acuerdo y ver hasta dónde puede tener los votos y luego ver que se están transparentando las cuentas y vamos a tener certezas», expresó.

Reconoció que la opción de subir el IVA está dentro del «menú, es imposible decir que no está dentro del menú de opciones porque es una de las que se tienen para mejorar las condiciones de la economía. Le hemos dicho al presidente Noboa que tendrá el apoyo siempre y cuando esto sea transparente. Si no es para la seguridad, que lo diga. Queremos que nos muestre el programa económico», enfatizó.

Su coidearia Alexandra Castillo reiteró que han hecho propuestas a la Comisión de Desarrollo Económico y observarán cuáles de ellas han sido consideradas, y si fueron acogidas, habría un apoyo al régimen.

En su opinión, se requiere hacer una reestructuración del Estado porque está «inflado» y tener precisiones de qué se va a hacer con los recursos, porque «primero dicen que es para la guerra, luego que es para los gobiernos locales o para pagar salarios. Los recursos deben ir a un fondo específico para gestionar la guerra».

La Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobar o archivar el proyecto económico urgente, que finalizaría el 12 de febrero.

De lo contrario, si no hay un pronunciamiento de los asambleístas, entrará en vigor por el ministerio de la ley el texto íntegro que presentó el primer mandatario. (I)