Ley urgente para subir el IVA no suma apoyos en la Asamblea y bancadas de mayoría insisten en otras opciones

Implementar otras alternativas para evitar el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) marcó el primer debate del proyecto de Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que se realizó en la Asamblea Nacional, en tanto las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) insistieron en que no apoyarán la propuesta presidencial.

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Con más de 120 legisladores se instaló la mañana de este 27 de enero la plenaria virtual para debatir en un primer momento la iniciativa legal de carácter económico urgente que presentó el presidente de la República, Daniel Noboa, para obtener recursos para financiar el déficit fiscal y las necesidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por el conflicto armado interno contra el crimen organizado.

El informe para el primer debate, aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico, plantea subir el IVA del 12 % al 13 % (de forma permanente) y temporalmente en dos puntos porcentuales adicionales para lo que resta del 2024, el 2025 y 2026.

Otras medidas propuestas de los legisladores y que habían sido acogidas se refieren a un impuesto del 5 % a las utilidades extraordinarias que al 2022 tuvieron un incremento del 50 % o más de sus utilidades; un impuesto a las utilidades de los bancos del sistema financiero; modificar la tarifa del impuesto a la salida de divisas (ISD), que no supere el 5 %; y las disposiciones para que la devolución del IVA a personas con discapacidad, adultas mayores y exportadores sea únicamente cuando el agente de recepción hubiese hecho la declaración y pagado el impuesto.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas del incremento temporal del IVA se obtendrían ingresos por $ 1.306 millones al año y, de aprobarse el proyecto, desde marzo se recaudarían $ 1.071 millones, recoge el informe de primer debate.

La radiografía de Finanzas refleja que el conflicto armado interno contra 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) declarados terroristas costará unos $ 1.020 millones, a lo que suma tener que pagar atrasos por $ 2.872 millones con los gobiernos autónomos descentralizados, el Seguro Social (IESS) y proveedores.

Hay un déficit fiscal de $ 5.000 millones y una deuda externa por $ 63.000 millones.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), recordó que el Estado requiere de entre $ 1.500 y $ 2.000 millones para enfrentar la crisis; pero para llegar a consensos con las bancadas no descartó impulsar la discusión de la focalización de subsidios de los combustibles, refinanciamiento de las deudas con los gobiernos locales, emisión de bonos soberanos y solicitar la extensión de un año antes de cerrar la explotación del bloque 43 del Yasuní ITT.

Durante el debate, el coordinador de la bancada del PSC, Vicente Taiano, dijo que presentaron un informe de minoría en el que se mantendrán, pues no están de acuerdo con subir impuestos a la población.

Pidió que se incluya para el segundo y definitivo debate una contribución especial para las sociedades domiciliadas en el Ecuador en un 3,25 %, que recaudaría $ 520 millones en este año y otro valor similar en el 2025; también revisar las condiciones de la deuda externa.

«Estamos abiertos a la discusión», indicó, al igual que su coidearia Dallyana Passailaigue, quien pidió que se tomen en cuenta sus propuestas.

La legisladora Fabiola Sanmartín (PK) planteó generar un pago para las instituciones financieras privadas cuya utilidad supere los $ 10 millones; incremento al ISD del 3,5% al 6%; renegociación de contratos con las telefónicas; impuestos especiales para los grandes patrimonios que superan el $ 1 millón.

Sanmartín cuestionó al gobierno de Noboa de sostener un discurso de «manipulación» de que no hay dinero para pagar los salarios de los servidores del sector público para que se apruebe su proyecto de ley.

Desde la bancada correísta de la RC, Blasco Luna apeló a su informe de minoría en el que proponen que se suba el ISD al 6 %, que permitirá acceder a $ 600 y $ 700 millones; contribuciones tributarias para la banca, las farmacéuticas y mineras, que generarían $ 350 millones; impuesto a las fortunas por encima de $ 1 millón.

Luna increpó los discursos del régimen en los que se apela a que quien ‘no apoye el incremento del IVA está con el narcotráfico’ y, por otro lado, la Presidencia de la República invierte $ 2,5 millones en un contrato para la difusión de publicidad oficial.

Entre el PSC, la RC y PK suman, hasta el momento, 74 voluntades en contra de la iniciativa presidencial. Así, durante la discusión participaron 18 parlamentarios, que en su mayoría criticaron esta medida de subir el impuesto.

Pedro Velasco (Actuemos) exhortó a aprobar el proyecto de ley porque está «en riesgo la vida» de los ecuatorianos por la inseguridad ciudadana y advirtió que de incorporar artículos en materia tributaria desde la propia Asamblea se cometería una inconstitucionalidad, ya que la Constitución determina que solo el presidente de la República puede plantear la creación de tributos.

A las 12:29 de este sábado, el vicepresidente de la Asamblea, Eckenner Recalde (ADN), que reemplazó a Henry Kronfle en la plenaria, cerró el debate.

Al ser este un proyecto económico urgente, la Constitución y la ley de la Función Legislativa dan un plazo de 30 días a la legislatura para emitir un pronunciamiento, el que concluiría el 12 de febrero. De lo contrario, entrará en vigor por el ministerio de la ley. (I)