Del ‘Ecuador del encuentro’ a la muerte cruzada: todos los frentes de pugna política que se abrió Guillermo Lasso en 900 días de gobierno

Guillermo Lasso Mendoza asumió la Presidencia de la República con el lema de ser un gobierno del encuentro, pero tras 900 días pasó a considerarse el ‘gobierno del desencuentro’, al abrirse frentes de oposición con sectores políticos, sociales e institucionales que impulsaron su destitución en cuatro ocasiones.

A su tercer intento, Guillermo Lasso llegó a Carondelet en los comicios nacionales del 2021 y en los primeros meses caminó con una aprobación ciudadana de más del 70 %, según cifras de la encuestadora Cedatos.

Al terminar su gestión, de forma anticipada por efectos de la muerte cruzada, tiene una calificación de 12,29 %, según un sondeo de Perfiles de Opinión.

Entre las posibles razones: la inexperiencia y la miopía política, y sostener un régimen en soledad por la falta de un movimiento con base social y cuadros políticos, creen analistas consultados por este Diario.

«Hubo inexperiencia y una visión equivocada del país, un desconocimiento total de la política», cree el académico Simón Pachano.

Días antes de posesionarse, se quebró una alianza político-electoral que estructuró con el Partido Social Cristiano (PSC) y al que se unió la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), para nombrar autoridades y conformar comisiones de la disuelta Asamblea Nacional.

‘900 días de gobierno’, el libro del presidente Guillermo Lasso en el que detallará las ‘peripecias políticas’ que vivió y lo que describe como logros

Los exlegisladores de CREO apoyaron a último momento a la exasambleísta de Pachakutik (PK) Guadalupe Llori para la presidencia de esa función y empezó el declive.

Se formó una mayoría de 70 legisladores, entre el PSC, UNES e independientes, que se opusieron a sus iniciativas legales, con las que Lasso prometió generar empleo e inversión.

Los acusó de un «bloqueo» y amenazó con gobernar «sin considerar que existe la Asamblea», dijo el 29 de marzo del 2022.

Francisco Jiménez, quien fue su ministro de Gobierno, señala: En política y democracia se debe «saber administrar las frustraciones, pero cuando descalifica a sus opositores porque no están de acuerdo con uno, vienen los problemas, porque el asunto pasa de ser un asunto político a un conflicto casi que personal. Hubo ese desliz y terminó polarizando al Ejecutivo y Legislativo y complicando todas las decisiones políticas que debían tomarse».

En esa esfera, Lasso fue escrutado por los papeles de Pandora; se distanció de Pachakutik cuando no sumó votos para aprobar su proyecto de ley de inversiones y denunció a exasambleístas por supuestos beneficios económicos, aunque después desistió de ellas.

La crisis se ahondó cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), liderada por el dirigente Leonidas Iza, inició con la Feine y la Fenocin un paro nacional en junio del 2022 que duró 18 días para que se les cumplan diez demandas, entre ellas, la reducción de los precios de la gasolina y el diésel.

Pedían su renuncia. Lasso redujo los precios de los combustibles y dispuso condonar las deudas de ciudadanos en la banca pública hasta por $ 3.000.

De diez demandas pasaron a ser 218 acuerdos, luego de un diálogo de tres meses y en el que medió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). Finalmente, en febrero del 2023, los tres movimientos indígenas se retiraron de las mesas alegando que no tuvieron respuestas.

En medio de las violentas protestas, las fuerzas de oposición de la Asamblea impulsaron su destitución por grave crisis política y conmoción interna, amparados en el artículo 130 de la Constitución.

Alcanzaron 80 de los 92 votos que se requerían y Lasso logró mantenerse.

Para Pachano, esos hechos fueron resultado de la «inexperiencia y la miopía política» del mandatario y de quienes lo rodeaban.

«La negociación con la Conaie fue un desastre, porque el Gobierno terminó acosado y cediendo en todo y cometiendo errores como negociar lo del precio de los combustibles con un sector minoritario, cuando debió discutirse con el país, con organizaciones sociales, políticas, gremios, sindicatos. Una inexperiencia absoluta», manifiesta.

No obstante, rescata la posición de no acordar con el correísmo y el PSC.

«Eso demostró que quería ir por el sendero de los votantes. Ese fue un paso acertado, pero no supo concretarlo, porque no armó una mayoría parlamentaria para políticas públicas y de corresponsabilidad, incluso en ocupar cargos, porque de eso se tratan los acuerdos políticos, pero no se lo hizo y se dejó ahí», critica Pachano.

Meses después se revelaron audios sobre una presunta venta de cargos públicos que fueron parte de una investigación judicial denominada León de Troya y que la Fiscalía General le cambió el nombre por el caso Encuentro.

En la Asamblea, con el impulso de los exlegisladores de oposición le iniciaron un juicio político acusándolo de presunto peculado.

La Corte Constitucional (CC) autorizó su interpelación, pero solo por el denominado caso Flopec, relacionado con las sospechas de desviación de fondos en procesos contractuales que, según los exlegisladores, Lasso «conocía y sabía de la estructura de corrupción».

Él se defendió un 16 de mayo y al siguiente día, el 17 de mayo, se convirtió en el primer mandatario en aplicar el artículo 148 de la Constitución y disolvió el pleno de la Asamblea o conocido como muerte cruzada, al enfrentar lo que parecía su inminente destitución.

La consecuencia fue la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, por lo que estará en funciones hasta el 23 de noviembre, cuando lo sucederá Daniel Noboa Azín para completar su periodo, es decir, hasta el 23 de mayo de 2025.

Esta coyuntura, según Jiménez, se produjo por «abrirse demasiados frentes que se consolidaron para complicar su mandato y se tornó imposible de manejar. Tal vez no terminó de entender que el poder siempre encuentra resistencias y que parte del funcionamiento de la democracia es saberlas administrar con herramientas legítimas y con la gestión del Ejecutivo».

El exministro de la política afirma que pudieron sobrellevar las crisis y salir exitosos, incluso con los pedidos de revocatoria de mandato que impulsó una Coordinadora Popular por la Revocatoria y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negaron.

Pese a ello, hay una debilidad, no tener una base política y social. «Es una terrible ingenuidad e irresponsabilidad pretender que se puede llevar a cabo un ejercicio de gobierno sin un partido político, porque son los ojos, los oídos, los brazos y las piernas. Gobernar sin tener un partido fuerte es imposible», agrega Jiménez.

Una visión similar tiene Pachano, pues Lasso «nunca se preocupó por tener un partido que tuviera y formara cuadros políticos con una ideología y una lectura adecuada del país».

Recuerda que los miembros de su gabinete provenían de la Fundación Ecuador Libre, que es muy distinta a tener una organización política.

«Quienes se quedaron más cercanos fueron personas que tenían la misma miopía que él. Una visión restringida de los problemas del país y de las soluciones que debían aplicarse. Recién cuando entra Henry Cucalón es que hay un ministro de Gobierno. La política era llevada de una manera ingenua. Lasso nunca se preocupó de tener un verdadero partido, (CREO) solo era un membrete que le cobijaba. Este es un problema generalizado y lo estamos viendo con Daniel Noboa, porque tampoco tiene su propio partido», puntualiza.

El mandatario saliente también entró en conflicto con el Consejo de la Judicatura, cuando pidió a Xavier Muñoz que renuncie a su consejería.

Con la fiscal Diana Salazar, cuando la Policía Nacional dispuso el traslado temporal de 37 investigadores, lo que fue considerado una «clara intromisión en la justicia», porque limitaban el trabajo en procesos legales como el caso Encuentro, Pandora Papers, Gabela, Dhruv, Petroecuador, entre otros.

Con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuando en febrero del 2022 se formó una mayoría liderada por el exconsejero Hernán Ulloa, que removió de la presidencia a Sofía Almeida, quien denunció que el jefe de Estado apoyó esa acción y también de intentar, desde Carondelet, imponer reglamentos para la elección de las autoridades de control.

A las puertas de que Lasso deje el poder, el secretario de la Administración, Sebastián Corral, defiende la administración de estos 900 días y reprocha que todo es criticado y mal visto.

«El Gobierno arranca con la vacunación contra el COVID-19 y, de ahí en adelante, todo ha sido criticado, todo ha sido mal visto. El presidente no aceptó las propuestas para generar gobernabilidad, porque eran pedidos de espacios de gestión para tener corrupción. Pero rescato que Guillermo Lasso es un hombre honesto y un demócrata».

Resalta que «destruyó la ley de Comunicación, no le metió la mano a la justicia, quedarse callado pese a los ataques. Ha respetado la democracia. Ha habido errores, uno de ellos, la comunicación, pero estamos de salida, entregando el poder pacíficamente; y, a nivel de obra pública, se la reconocerá pronto y a Lasso se lo extrañará y le reconocerán muchas cosas, más temprano que tarde», dijo en una entrevista con radio Democracia.

Para Salvador Quishpe, exlegislador de Pachakutik, Lasso «nunca tuvo un plan en función de lo que necesitan las grandes mayorías. Ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo institucional, peor en los temas ambientales. Lo que tuvo fue un compromiso con las grandes corporaciones y cuando llegó al poder lo que hizo fue hacer un pacto con las mismas organizaciones políticas con las que tuvo ese compromiso», critica.

Quishpe cree que Lasso es «un gobierno huérfano, en soledad, porque no tiene una estructura organizativa y política que lo cobije, ponía de ministros a quienes se le ocurría, al que le hablaba bonito en el oído».

En esencia, para gobernar se «debe tener una estructura social que lo sostenga y eso no tuvo Lasso y se convirtió en víctima de cualquier movimiento. Ojalá no se repita lo mismo, porque veo que está pasando con el presidente Noboa», advierte el exlegislador.

La próxima semana, el gobernante presentará su libro 900 días de gobierno, que recogería la inversión en obra pública, salud, educación, vivienda, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado y la reducción de la desnutrición infantil. (I)