Seguirá siendo un tema recurrente mientras no hagamos algo al respecto, por una razón muy sencilla: mal utilizamos una enorme cantidad de recursos.

El subsidio es la diferencia entre el precio internacional y el precio de venta local de los derivados. Para el diésel, la diferencia en 2023 fue de -35 %, en gasolinas -21 % y en gas doméstico -68 % (fuente: BCE). Y multiplicando eso por el volumen de consumo de cada producto, tuvimos un subsidio de $ 1.500 millones en diésel, $ 500 millones en gasolinas y $ 400 millones en gas. Total: $ 2.400 millones, 200 millones al mes (en 2022 fue casi 300 millones al mes porque el precio internacional fue más alto). La importación cuesta $ 7.000 millones y recaudamos $ 4.600 millones en la venta interna, la diferencia es el subsidio. Y estemos claros: el diésel representa más de la mitad.

Toca subir los combustibles

Nota: a estos $ 2.400 millones hay que agregar el subsidio en la producción local y venta interna de refinados que no se calcula regularmente y la información es menos clara (por ejemplo, el crudo entregado a la refinería local debe ser a precio internacional, y eso muy probablemente no se hace). Entonces, el subsidio total supera sin duda los $ 3.000 millones. ¡Mucho dinero!

Lo sensato sería liberalizar el mercado y dejar que cualquier grupo privado importe libremente...

¿Por qué es un mal subsidio? Uno, porque una parte favorece al contrabando por las fronteras ya que los precios de los vecinos son más elevados. Dos, porque una parte va a las bandas criminales que se abastecen así con precios bajos. Tres, porque los precios bajos estimulan un consumo excesivo, hay desperdicio energético y mayor impacto en el medioambiente. Cuatro, porque en parte favorece a grupos sociales (personas o empresas) que no tienen por qué beneficiarse, solo debería ir a los de más bajos ingresos. Y más...

¡Tantos pasos en el camino!

Ahora agreguemos otras reflexiones:

Uno, ciertamente tiene sentido focalizarlo en los grupos de más bajos ingresos, por ejemplo, el transporte público de pasajeros. ¿Es muy difícil? Con la tecnología moderna de bases de datos me parece que no: bastaría con tener el listado de unidades de transporte aprobadas y poner un límite mensual de consumo a cada una. ¿Algunos “vivos” se aprovecharán? Sin duda, pero debe ser posible controlarlo y limitarlo. Dos, ¿tiene sentido procesar derivados en el país en lugar de importarlos? Quizás, la mejor manera de saberlo es dejar que alguna empresa privada lo haga con sus propios recursos. Si se deja en manos del Gobierno (Petroecuador) siempre hay distorsiones en la decisión para favorecer tal o cual interés. Tres, lo sensato sería liberalizar el mercado y dejar que cualquier grupo privado importe libremente derivados de donde quiera, en las condiciones que considere más atractivas (dentro de estándares de calidad). Tendríamos un mejor sistema, pero además liberaríamos la caja que hoy requiere Petroecuador para importar. Cuatro, si descartamos el punto anterior (3) y Petroecuador sigue importando, en ese caso debemos exigir que el Gobierno entre en un proceso de reducción de gastos improductivos (en realidad en cualquier caso lo debe hacer), porque si no le estaríamos dando recursos adicionales que directa o indirectamente irían a mantener una estructura que nos empobrece vía mal gasto de recursos.

¿Algún momento dejará de llover sobre mojado? (O)